Entrevista a Gunther Wolff, gerente de políticas de reciclados, DG Medio Ambiente, Comisión Europea.

D&R- El Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición es un importante documento sobre todo para aquellos países más alejados del objetivo del 70% en el 2020 ¿Qué aporta dicho documento a los diferentes países miembro?

GW- Los residuos de construcción y demolición (RCD) son el tipo de residuo más importante en la UE, representando alrededor de un tercio del total de los residuos producidos. Una buena gestión de los RCD puede contribuir a mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. El Protocolo aporta unas pautas armonizadas para la gestión integral de los RCD, cubriendo todas las fases: desde la identificación de los residuos, la separación y la recogida, la logística, el tratamiento y la gestión de la calidad hasta las políticas.

D&R- El Protocolo de Gestión de RCD se basa en aspectos relevantes; sin embargo, el conocimiento del residuo y su trazabilidad es uno de los temas más importantes sobre lo que se basan el resto de apartados ¿Qué novedades propone el Protocolo sobre este punto?

GW- El Protocolo incluye indicaciones sobre cómo realizar la auditoría previa a la demolición, que debe llevarse a cabo antes de cualquier proyecto de reforma o demolición. La guía para realizar los audits (ya publicada), así como la guía para la clasificación de residuos (que será publicadas en breve) son documentos que complementan el Protocolo y ayudarán a los profesionales a mejorar la gestión de estos residuos. En cuanto a la trazabilidad, una vez realizada la labor de identificación de los residuos, la mejor práctica consiste en establecer registros electrónicos. Esta medida está siendo implementada en los estados miembros de manera progresiva, empezando por los residuos peligrosos.

D&R- La estructura del Protocolo se basa en cinco puntos, siendo el último las condiciones marco y las políticas. En países donde la concienciación medioambiental es baja, ¿no debería de ser este último punto el más importante y principal para sensibilizar a los diferentes actores del sector de los RCD?

GW- Es innegable que hace falta un marco legal y político que fomente (o al menos no entorpezca) una gestión sostenible de los RCD. El caso de España ilustra bastante bien lo que se puede conseguir cuando se ponen los medios adecuados: en las CCAA que han implementado planes de gestión de residuos ambiciosos, acompañados de las medidas oportunas (como el canon de vertido), los resultados son bastante positivos. La implementación de un canon de vertido suficientemente elevado y un mejor control de la implementación contribuirían a reactivar las plantas de reciclaje que existen y están actualmente paradas por falta de residuos.

D&R-.Las auditorías de gestión propuestas para conocer el tipo de residuo son fundamentales, pero hay que tener en cuenta que tendrían que realizarse por un organismo externo independiente, que encarecerá el proceso, aspecto este muy sensible en los precios de los materiales de construcción y más en los reciclados si queremos alargar su vida útil ¿Ha tenido en cuenta el Protocolo este aspecto?

GW- El protocolo refleja las experiencias de otros países europeos. Entendemos que lo ideal sería realizar audits en todas las obras de renovación y demolición, pero parece más factible introducirlos paulatinamente, empezando por las obras mayores, donde el coste relativo del audit es más asumible. La existencia de la guía europea y la utilización de 'checklists' deberán contribuir a reducir los costes, que dependiendo del volumen de la obra, pueden ser inferiores a 0,50 Euros por tonelada.

D&R- El reciclaje in situ es una técnica muy cara en cuanto a personal, maquinaria y logística en muchos países de la Unión Europea, y se tiene que ver recompensado de alguna manera para que la empresa demoledora lo vea como la mejor alternativa ¿Cómo se puede conseguir esto?

GW- El reciclaje in situ puede ser una opción competitiva, pero depende mucho del contexto en que se aplique. Existen numerosas experiencias positivas en Europa. En países como Bélgica, Holanda y Alemania esta tecnología se aplica con éxito desde hace muchos años para la reparación de carreteras. Su viabilidad depende del estado de la carretera, los materiales que se utilizaron, el área en que está situado el proyecto.

D&R- Los desmantelamientos selectivos son muy interesantes en grandes demoliciones pero son mucho más complicados en las obras domiciliarias. Su imposición llevará al incremento de “empresas baratas” que no separan y que no se sabe dónde vierten ¿Cómo se puede atajar este problema?

GW- En muchos casos y especialmente en el área de la construcción, es preferible introducir las políticas de una manera gradual, de forma que las empresas y las administraciones puedan adaptarse. A nivel europeo, tanto el Protocolo como la guía para efectuar los audits previos a la demolición son instrumentos voluntarios. De la misma manera, los desmantelamientos selectivos comenzaron en los países de la UE como proyectos piloto. Por ello es importante llevar a cabo políticas complementarias en paralelo a la introducción de prácticas más sostenibles desde un punto de vista medioambiental: hay que sensibilizar a las partes implicadas, hay que introducir instrumentos económicos que permitan desincentivar el vertido y promover la separación de las fracciones de RCD y reciclar. Y obviamente hay que acompañar todo ello con más inspecciones, sanciones más rápidas y disuasorias para evitar que aquellos que actúan fuera de la ley obtengan ventajas competitivas. En este contexto, cabe señalar que en España existe ya un instrumento potencialmente bastante eficaz: la fianza que debe depositar el productor de residuos y que se le devuelve si puede demostrar que los RCD han sido gestionados de manera correcta. Bastaría con aplicar este instrumento para mejorar la gestión de los RCD.

D&R- En España las operaciones in situ con objeto de ahorrarse el transporte sólo tiene sentido si el propio contratista de demolición tiene necesidad de esos materiales. El precio de vertido en las plantas de valorización es tan bajo que, hasta la fecha, no le sale a cuenta ¿Cómo se pueden potenciar las operaciones in situ en un país como España?

GW- Para promover el reciclaje hay que actuar en varios frentes. La aplicación del depósito que ya he mencionado y la introducción de una tasa de vertido disuasoria y armonizada en las CCAA convertirían el reciclaje en una opción económicamente viable en muchos casos. Y recordemos que hay muchas plantas móviles paradas u operando a un nivel bajo que podrían aprovecharse.

D&R- Aunque el reciclaje ayude a generar puestos de trabajo, una reducción en el uso de materias primas y una disminución en la descarga de los vertederos, la única forma de potenciarlo es obligando a la utilización de material reciclado en todo tipo de obras, tanto públicas como privadas ¿La Comisión Europea cuenta o está preparando alguna norma para que el consumo de materiales reciclados en todo tipo de obras sea de obligado cumplimiento?

GW- Como dije antes, la evolución hacia un uso circular de los materiales de construcción pasa por la aplicación de una gama de medidas en varios frentes: empezando por el audit de las construcciones, la separación de las fracciones valorizables y peligrosas, el depósito de los RCD y la tasa de vertido son actuaciones clave. Por otra parte, para estimular la demanda de productos reciclados, hay que promover la certificación de las plantas y productos y la contratación pública sostenible. El sector público demanda más de un 30% de las obras. Si se aplicaran criterios ecológicos en las adjudicaciones de obras públicas, tendríamos suficiente demanda. Y un contratista que se acostumbra a utilizar materiales reciclados en las obras públicas, también los utilizará en otras obras. Obviamente, si estas medidas no resultan suficientes, se puede pensar en la opción de exigir contenidos mínimos de productos reciclados.

D&R- Los protocolos y procedimientos adecuados de gestión de calidad son fundamentales; sin embargo, el control de flujos es el primer paso que se tiene que hacer para controlar el destino final del residuo ¿Aporta el Protocolo algún tipo de medida o recomendación a los países como España con un importante nivel de residuos tirados en vertederos ilegales, descampados, cunetas o zonas sin control?

GW- En el capítulo sobre políticas, el Protocolo indica claramente las condiciones para conseguir una buena gestión de los RCD. Estas buenas prácticas incluyen los factores que hemos visto antes y está claro que el cumplimiento de la legalidad es una condición sine qua non. Si se quiere ir hacia una economía circular y aprovechar el potencial de crecimiento y empleo verde existente, hay que aplicar la ley de forma implacable. El depósito que ya mencioné es un instrumento muy válido y sencillo. Si el vertido ilegal sale gratis, los desaprensivos tendrán una ventaja competitiva sobre aquellos que actúan legalmente. Es esencial que las autoridades competentes se conciencien y destinen los recursos necesarios para controlar los flujos e impongan sanciones elevadas en caso de infracción.

D&R- En el nuevo Protocolo de la Comisión Europea se deja en manos de la Administración central, regional o local muchas decisiones sobre el número de plantas, permisos, tipología de plantas, etc ¿Realmente está la Administración preparada para acometer dichas decisiones?

GW- El principio de la subsidiaridad es fundamental para la Unión Europea. Según este principio, un asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima al ciudadano, siempre que sea posible y adecuado. La experiencia de los países más avanzados en la gestión de los RCD muestra que una buena gestión es perfectamente compatible con una descentralización en la planificación. Sin embargo, si analizamos los planes regionales de gestión de residuos y en particular, el capítulo dedicado a los RCD, observaremos que hay grandes diferencias en la calidad del análisis y de las soluciones que proponen, incluso dentro de un mismo país. En algunos países existen órganos de coordinación y discusión interregionales para temas de residuos; en otros casos, es el Estado el que se encarga de asesorar a las regiones para conseguir armonizar las prácticas.

D&R- En países con una tasa de reciclaje bajo, donde la propia Administración cuenta con un importante desconocimiento del mercado, sus técnicas, sus flujos y su gestión, además de carecer de capacidad económica y de personal ¿Cómo se van a poder aplicar restricciones, por ejemplo, a los vertederos ilegales?

GW- La realidad muestra que la gestión de los RCD ha mejorado de forma significativa en la mayoría de los estados miembros, aunque en algunos casos se trata de valorización y no de reciclaje. La Comisión Europea intenta contribuir a la diseminación de buenas prácticas con instrumentos como el Protocolo, con talleres sobre RCD (como el que se celebró el año pasado en Bruselas), pero aún debemos insistir para mejorar el conocimiento de las mejores prácticas en algunos estados miembros.

El problema de la aplicación de la ley y de la dotación de recursos suficientes es más grave. no es admisible que no se pongan todos los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la ley. En muchos casos, el personal adicional que se necesite para garantizar el cumplimiento, podría financiarse con el dinero de las sanciones que imponga el estado. Asimismo, un estado que incumpla de manera sistemática la legislación europea se expone a una condena por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que suele conllevar una sanción económica.

D&R- La concienciación en el uso del árido reciclado pasa en muchos países por algo más que recomendaciones en su uso ¿No se ha quedado el Protocolo un poco corto en lo que a la utilización “obligatoria” del árido reciclado se refiere? ¿No habría sido más práctico obligar a legislar en la utilización de estos materiales en todo tipo de obras en un porcentaje determinado?

GW- La Unión Europea siempre se ha caracterizado por aplicar el principio de subsidiaridad. Preferimos fijar objetivos en cuanto a resultados y no definir cómo deben alcanzarse estos objetivos. En el caso de los RCD, hemos definido un objetivo de valorización del 70%, que se debe cumplir en el 2020. La evolución ha sido satisfactoria en la mayoría de estados y los datos indican que casi todos cumplirán este objetivo. De todas formas, resulta complicado plantear metas más específicas porque es necesario mejorar la calidad de los datos. Estamos trabajando para conseguir obtener datos más fiables y comparables. Una vez pasado el 2020, haremos un análisis de la situación y contando con datos más fiables, podremos plantearnos la conveniencia de otros instrumentos, como el porcentaje mínimo de productos reciclados. En ese contexto, también habría que plantearse la posibilidad de introducir políticas adicionales para asegurarnos de que se reciclen no solamente los RCD minerales, sino también otros materiales, probablemente más escasos y valiosos.

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